TRABAS ECONÓMICAS EN EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES Eva María Blázquez Agudo | Histórico del BlogCanalProfesional

TRABAS ECONÓMICAS EN EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES Eva María Blázquez Agudo

La  Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de justicia y de Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses introduce de nuevo el abono de tasa para acceder a los tribunales, incluidos los del orden social. En su Exposición de Motivos se señala que su objetivo es que los ciudadanos que recurren a los tribunales asuman parte del coste de ejercer dicha actividad, de forma que con esta financiación se mejore el sistema judicial. Además, se recoge otra función principal que consiste en apoyar la asistencia gratuita. Así, parece que se busca la redistribución de la renta mediante el pago de los juicios por los demandantes que tienen recursos a favor de los que no los tienen. No obstante, no hay que olvidar que este fin ya se consigue mediante la financiación a través de los impuestos que se reparten vía presupuestos públicos, donde el principio de redistribución de la recursos cumple un papel primordial.

Se ha planteado su posible inconstitucionalidad (por vulneración del artículo 24 CE) ante el Defensor del Pueblo, que declaró que sí se debe considerar constitucional en cuento a que las tasas judiciales contribuirán económicamente a colaborar en el mantenimiento del  derecho a la justicia gratuita. Aunque se advirtió de la necesidad de evitar que las tasas sean tan excesivas que impidan el ejercicio del derecho a la justicia. Estas manifestaciones llevaron a la modificación de la Ley de Tasas vía RD Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, cuya principal contribución ha sido reducir la cuantía de estos tributos.

Hasta ahora sólo abonaban tasas las personas jurídicas para acceder a ciertos órdenes jurisdiccionales, las personas físicas podían acceder libremente. No obstante, ahora se extiende la obligación no sólo a todas las personas jurídicas (incluidas las entidades de reducida dimensión), sino también a las personas físicas. En definitiva, se produce una suerte de universalización de la tasa. Ahora bien, quedan excluidos los sujetos que tengan derecho a asistencia gratuita (es decir, quienes no tengan recursos suficientes). Por otro lado, en el orden social, aunque no se pagarán tasas por el acceso a la instancia, sino se hará para presentar recurso de suplicación y casación. En todo caso, los trabajadores (cuenta ajena o propia) tendrán una exención del 60% en la cuantía de la tasa que le corresponda por la interposición de los recursos. En todo caso, no se plantea esta exención parcial en relación a los beneficiarios del sistema de la Seguridad Social, con lo cual parece que la norma, en principio, les obliga al pago del 100% del tributo para recurrir en suplicación y casación, dificultando su acceso al ejercicio de sus derechos. El interrogante en este punto, es si se entiende que estos importes pueden ser excesivos a la hora de decidir acceder a los recursos.

Por otra parte, la Ley de Tasas plantea una duda: ¿tienen los trabajadores que pagar tasas para recurrir o cuándo la obligación del abono recae solamente en los empresarios y agentes sociales? Hay que partir de la idea de que la propia norma aplicativa señala que los beneficiarios de la asistencia gratuita no deben pagar tasas. De esta forma, como a los trabajadores en general se les reconoce el derecho a la asistencia gratuita (con independencia de sus recursos económicos), tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales, parece que en consecuencia debería concluirse que no tendrán, por tanto, obligación de abonar la tasa para recurrir. No obstante, esta formulación que sería consecuente con el propio tenor del articulado, se rompe cuando la Ley de Tasas en su artículo 4.3. declara que los trabajadores sólo deberán hacerse cargo del 40% de las tasas para interponer recurso de suplicación y casación. No se entiende esta exención parcial, si los trabajadores tienen ya reconocida una exención total.

Esta cuestión ha sido ya analizada por la jurisprudencia por Auto de 19 de febrero de 2013 de la sala de lo social del TSJ del País Vasco Recurso 2163/2012, concluyendo que no cabe la imposición de tasas judiciales a los trabajadores, puesto que son beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Se reconoce la incoherencia normativa, cuando se añade que los trabajadores deben abonar sólo el 40% de dichos tributos cuando recurren en suplicación y casación, pero finalmente decide que hay que interpretar que el principio aplicable es la exención total, puesto que entiende que es un criterio prioritario y es preciso su sostenimiento con el fin de “salvaguardar la coherencia del sistema”.

La modificación introducida por el RDL 3/2013 no viene a clarificar esta cuestión, dado que no modifica el precepto que incluye la discordancia normativa. No obstante, se podría entender que se apoya la interpretación judicial anterior, en cuanto a que señala como contenido del derecho a la justicia gratuita la exención de las tasas judiciales. De esta forma, si todos los trabajadores tienen derecho a justicia gratuita y la exención del pago de tasas judiciales se recoge como parte de dicha prerrogativa, habrá que concluir que los trabajadores no deben pagar ningún tributo cuando recurran en suplicación y casación.

Como ya se ha señalado, distinto es el tratamiento de la norma a los beneficiarios del sistema de Seguridad Social. También a ellos se les reconoce el derecho a la justicia gratuita tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales. Sin embargo, nada se señala sobre ellos a la hora de establecer la exención parcial. Se pueden alegar dos interpretaciones: una que no se haya señalado nada al respecto, por entender que como son beneficiarios de la justicia gratuita no deben abonar ningún tributo por recurrir ante los tribunales, o bien, al contrario, que en este supuesto no se haya querido exonerar del pago de la tasa. Obviamente si se sigue la tesis defendida por el auto del tribunal antes analizado, habrá que concluir que la primera opción es la correcta, es decir, que tampoco deberán abonar ningún tributo en los recursos de suplicación y casación.  Si se acoge la segunda, en este caso será especialmente discriminatoria, puesto que a las entidades gestoras sí se les reconoce el derecho a la presentación de recursos sin sujeción a tasas judiciales. De modo que la tendencia será a recurrir siempre que las resoluciones le sean desfavorables, sobre todo teniendo en cuenta que tienen su propio cuerpo de letrados.

En definitiva, parece que ni los trabajadores, ni los beneficiarios del sistema de la Seguridad Social, deberán abonar las tasas establecidas por la norma, dado que son sujetos a quienes se les reconoce de forma general el derecho a la asistencia gratuita. No obstante, en la práctica los tribunales están reclamando el pago de estas cantidades a ambos grupos de recurrentes y sólo pueden excluirse del abono cuando se les reconoce la asistencia judicial gratuita de acuerdo con la valoración exacta de sus rentas. Es decir, cuando realmente demuestran que carecen de rentas según las pautas establecidas en la ley.

Sin comentarios | Leído 3 veces

Tu puedes enviar una respuesta, or trackback desde tu propio site.

Enviar Comentario

*