Simplificación y racionalización normativa, ¿alguna propuesta? (I): Informe CORAMaría José Molina | Histórico del BlogCanalProfesional

Simplificación y racionalización normativa, ¿alguna propuesta? (I): Informe CORAMaría José Molina

En este comienzo de curso académico, revisando programas y materiales de estudio para la asignatura Derecho Administrativo I y II, asoma a mi memoria un juicio u opinión que me comparten los alumnos en el aula: ¿por qué una regulación dispersa, compleja y a veces difusa?; ¿sería posible reducirla a lo esencial?. En efecto, hay profusión de leyes, reales decretos y demás disposiciones normativas.

Al respecto, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas ¿ofrece alguna alternativa?. Si revisamos el Informe CORA encontramos un apartado dedicado a la codificación del Derecho y a la reforma de la normativa administrativa. Tanto por el diagnóstico de la situación actual como por las propuestas que formulan, queda patente la necesidad de dotar de unidad al sistema jurídico. Si se logra este propósito de racionalización normativa, ganaremos en seguridad, simplicidad, facilitar la comprensión… se mejoraría la percepción de la ciudadanía frente a la desafección. Esa “mezcla legal” a la que alude el Informe CORA, hay que reducirla. Eso sí, no es tarea fácil, pero es posible un proyecto de revisión. Trabajar en una fórmula que adelgace el entramado normativo, hacerlo más sencillo, más claro, o menos complicado y rígido: “la necesidad de dotar a nuestro derecho público de un sistema administrativo sistemático, coherente y uniforme, de acuerdo con el proyecto general de mejora de la calidad normativa”, según el mencionado Informe.

El impulso de cambio no solamente debe dirigirse al ámbito de la Administración General del Estado, sino también a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales. Pues todas asumen la labor de servicio público al ciudadano, sin olvidar integrar también a la Administración institucional.

Nos gusta que exista ya un antecedente de Plan de Racionalización normativa, en el marco del programa para garantizar la unidad de mercado; así como esas referencias al sistema adoptado en Reino Unido de “fecha en común de entrada en vigor” (common commencement dates), y que ha sido acogido por parte de la Unión Europea a través de un proyecto piloto, en respuesta al Small Business Act.

Resulta necesaria una mejora en la relación y en la comunicación de las Administraciones públicas con los ciudadanos, y ésta puede venir vía simplificación y racionalización normativa. Confíemos en la voluntad para definir y concretar adecuadamente estas propuestas (con inclusión de los medios electrónicos), darle desarrollo y lograr el resultado esperado.

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