Racionalización y sostenibilidad de la Administración local, ¿es posible?María José Molina | Histórico del BlogCanalProfesional

Racionalización y sostenibilidad de la Administración local, ¿es posible?María José Molina

La tramitación de la futura Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local, impulsada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, recibió el pasado viernes (15 de febrero) un nuevo impulso tras el visto bueno del Consejo de Ministros a un segundo borrador del Anteproyecto de Ley.  

Más allá de la repercusión política y económica que tiene está acción del Gobierno, y que es la que parece primar en el tratamiento que se le da a la reforma de la Administración, hay también una relevancia con efectos jurídicos. Es lo que siempre conlleva que una nueva ley, sobre la misma materia, pueda ser incompatible con la anterior. Cuando finalmente entre en vigor esta nueva normativa, su redacción definitiva traerá consigo importantes modificaciones legislativas. En concreto, una revisión en profundidad de la legislación básica municipal vigente:

  • Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Fundamentalmente en lo que atañe al marco competencial, y a “la implantación de un modelo de gestión por resultados, de evaluación de la gestión y con la máxima transparencia”, según informó el Gobierno.
  • Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). A los efectos de fortalecer la figura del interventor local y de los funcionarios con habilitación de carácter estatal con arreglo a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado público.

El nuevo texto incluye cambios y limitaciones con respecto a las previsiones que se formulaban en el primer Anteproyecto (presentado en la reunión interministerial del 13 de julio de 2012). ¿Cuáles son estas novedades?. La exposición de motivos del Anteproyecto señala los objetivos básicos que se pretenden con esta reforma legislativa. Finalmente no se eliminan las Diputaciones provinciales, ni se reducirá el número de Ayuntamientos ni de Concejales. Por otra parte, se duplica la previsión de ahorro inicial a través de limitaciones como la reducción del total de asesores municipales o del porcentaje de concejales que podrán optar a dedicación exclusiva; la determinación de una tabla salarial de máximos para las retribuciones de los alcaldes y presidentes de las Diputaciones en función de la población; o la clarificación de competencias para evitar duplicidades en los servicios prestados por Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas.

Estas propuestas aún no son definitivas. El texto, que será ahora remitido por el Ejecutivo al Consejo de Estado, puede ser aún objeto de cambios. Tendremos que esperar a la versión final y a su cumplimiento en la práctica para valorar si es posible avanzar en una gestión local más eficiente a través del principio una Administración, una competencia, o con medidas como el nuevo marco retributivo para cargos electos o una mayor rigurosidad en el control económico-financiero presupuestario evitando que se gaste más de lo que se ingresa.  

Nuestra mejora y la sostenibilidad en la gestión pública local pasa por la correcta formulación de principios jurídicos o nuevas acciones normativas que sean comprensibles para todos. Junto con la necesidad de racionalizar de verdad la estructura organizativa de la Administración, y refrescar nuestra cultura pública con dosis de profesionalidad, transparencia, imparcialidad, equidad y justicia.

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