Pionera sentencia del juzgado Contencioso-administrativo de Barcelona desautorizando a un Ayuntamiento por unas placas solares.Ivan Simón Quintana

El Ayuntamiento de Seva (Barcelona) había ordenado el derribo de unos edificios por presunta vulneración del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), en concreto la altura máxima de una construcción. Las naves, situadas en un polígono industrial, se habían construido con una instalación de placas fotovoltaicas en el tejado.

El Ayuntamiento ordenó el derribo de dicha instalación esgrimiendo que, con las placas solares, el edificio superaba la altura máxima permitida por el POUM de Seva.

Un grupo de empresarios que formaban parte del polígono, disconformes con dicha medida, interpusieron una denuncia contra el Ayuntamiento por ordenarles la demolición de dichas instalaciones.

El Juzgado Contencioso-administrativo número 13 de Barcelona ha dado la razón a los denunciantes;  ya en una primera actuación realizada en enero de 2010, exigió la suspensión cautelar de la orden de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Seva de desmantelar las placas solares, y ahora ha resuelto definitivamente insistiendo en su argumento y apremiando al Ayuntamiento a que expida la Licencia Urbanística al edificio en cuestión.

El argumento de la Sentencia se basa en que dichas instalaciones de placas fotovoltaicas tienen la consideración de “servicio esencial”, y por tanto no deben entenderse como una parte más del edificio y quedarían al margen de las normas de los planes urbanísticos. Dicha argumentación ya había sido esgrimida por algunos Tribunales Superiores de Justicia en referencia a las antenas de telefonía, y ahora por analogía se aplica a las instalaciones de energías renovables instaladas en los edificios.

Desde aquí queremos felicitar este tipo de sentencias, si bien hemos criticado en numerosas ocasiones los “fallos” de los juzgados, en este caso compartimos totalmente las declaraciones del propio magistrado afirmando que “no deja de sorprender que en un contexto social y normativo caracterizado por la insistencia de dotar a los edificios de fuentes de energía no contaminantes, sea el propio Ayuntamiento el que ponga trabas.”

Efectivamente, si queremos promocionar y aumentar el número de estas instalaciones de energías renovables más limpias, no podemos matarlas a base de burocracia, permisos, planes de ordenación y urbanismo, etc… pero por desgracia, más veces de las que nos gustaría, los Ayuntamientos están distanciándose de la ciudadanía y de las buenas prácticas por una cuestión simplemente “de papeleo”. Esta vez por suerte había un Magistrado con un poco de sentido común para ver que prevalece el medio ambiente a los intereses municipales (recaudatorios en la mayoría de las veces).

El Ayuntamiento de Seva (Barcelona) había ordenado el derribo de unos edificios por presunta vulneración del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), en concreto la altura máxima de una construcción. Las naves, situadas en un polígono industrial, se habían construido con una instalación de placas fotovoltaicas en el tejado.

El Ayuntamiento ordenó el derribo de dicha instalación esgrimiendo que, con las placas solares, el edificio superaba la altura máxima permitida por el POUM de Seva.

Un grupo de empresarios que formaban parte del polígono, disconformes con dicha medida, interpusieron una denuncia contra el Ayuntamiento por ordenarles la demolición de dichas instalaciones.

El Juzgado Contencioso-administrativo número 13 de Barcelona ha dado la razón a los denunciantes;  ya en una primera actuación realizada en enero de 2010, exigió la suspensión cautelar de la orden de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Seva de desmantelar las placas solares, y ahora ha resuelto definitivamente insistiendo en su argumento y apremiando al Ayuntamiento a que expida la Licencia Urbanística al edificio en cuestión.

El argumento de la Sentencia se basa en que dichas instalaciones de placas fotovoltaicas tienen la consideración de “servicio esencial”, y por tanto no deben entenderse como una parte más del edificio y quedarían al margen de las normas de los planes urbanísticos. Dicha argumentación ya había sido esgrimida por algunos Tribunales Superiores de Justicia en referencia a las antenas de telefonía, y ahora por analogía se aplica a las instalaciones de energías renovables instaladas en los edificios.

Desde aquí queremos felicitar este tipo de sentencias, si bien hemos criticado en numerosas ocasiones los “fallos” de los juzgados, en este caso compartimos totalmente las declaraciones del propio magistrado afirmando que “no deja de sorprender que en un contexto social y normativo caracterizado por la insistencia de dotar a los edificios de fuentes de energía no contaminantes, sea el propio Ayuntamiento el que ponga trabas.”

Efectivamente, si queremos promocionar y aumentar el número de estas instalaciones de energías renovables más limpias, no podemos matarlas a base de burocracia, permisos, planes de ordenación y urbanismo, etc… pero por desgracia, más veces de las que nos gustaría, los Ayuntamientos están distanciándose de la ciudadanía y de las buenas prácticas por una cuestión simplemente “de papeleo”. Esta vez por suerte había un Magistrado con un poco de sentido común para ver que prevalece el medio ambiente a los intereses municipales (recaudatorios en la mayoría de las veces).

 

 

 

 

 

 

 

 

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