Fusiones de municipios, ¿conoces su procedimiento?María José Molina | Histórico del BlogCanalProfesional

Fusiones de municipios, ¿conoces su procedimiento?María José Molina

El anuncio público de la fusión de los municipios coruñeses Oza dos Ríos y Cesuras ocupa un lugar destacado en el debate actual, de la clase política y de la sociedad civil, sobre las iniciativas para una mejor ordenación territorial o la necesidad de reformar o no el mapa administrativo español. Como efecto dominó, se han reavivado proyectos postergados en Asturias (ciudad lineal del Nalón), Madrid (Nuevo Baztán, Villar del Olmo, Olmeda de las Fuentes, Campo Real y Pozuelo del Rey…), los estudios de viabilidad para una posible fusión de los ayuntamientos lucenses de Alfoz y O Valadouro, o los ejemplos que se han dado para el área metropolitana de Valencia …  

Al margen de consideraciones políticas y/o partidistas, opiniones a favor o en contra sobre su conveniencia como estrategia de futuro para una mejor gestión, racionalización y ahorro de costes, no olvidemos que se abre un procedimiento administrativo. El resultado es la creación de un nuevo Ente local, y la supresión de otros. Diferente también de aquellas fórmulas de cooperación que promueven la asociación voluntaria de municipios (recientemente, en el Consejo para la Población de Castilla y León).

No es una operación simple. Se exige el cumplimiento de una serie de requisitos previstos en la legislación básica estatal (Ley 7/1985 reguladora de bases del Régimen Local), y en la de las Comunidades Autónomas sobre régimen local (art. 13.1 de la mencionada Ley). Se trata de una regulación de carácter restrictivo. De ahí que, en vía legal, sea una práctica infrecuente en nuestro país.

© Alberto Alonso. Imagen utilizada según licencia de Creative Commons.

¿En qué consiste la fusión de Ayuntamientos?, ¿cuándo y cómo puede promoverse?, ¿cuál es su proceso?.

La fusión de dos o más municipios preexistentes y limítrofes de una misma provincia  para constituirse en uno solo, se admite como uno de los supuestos de alteración del término municipal (art. 3 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril). Eso sí, con una salvedad, siempre que no modifiquen los límites provinciales.

El Estado ¿puede impulsar las fusiones?. Sí, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, y a través de medidas de fomento con la finalidad de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales, y sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas (art. 13 Ley 7/1985 reguladora de bases del Régimen Local.  Estas medidas consisten en fondos de ayuda directas, preferencias en los regímenes generales de ayudas, apoyo de las Diputaciones Provinciales, convenios y acuerdos de cooperación con el Estado, y para la gestión del patrimonio.

Si se dan alguna de las siguientes circunstancias, podrá iniciarse los trámites para la unión entre Ayuntamientos (art. 5 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril):

  • Cuando separadamente o asociados los municipios que la promuevan, carezcan de recursos suficientes para atender los servicios mínimos exigidos por la Ley.
  • Cuando los núcleos urbanos se confundan como consecuencia del desarrollo urbanístico. No obstante, no se admite si la confusión de los términos municipales es por parques, jardines, paseos, avenidas, campos de deporte o zonas residenciales.
  • Cuando existan razones de necesidad o conveniencia económica o administrativa.

Se trata de un proceso que origina un expediente, que debe ser resuelto. En ningún caso debe promoverse sin otra razón que no sea el interés general, y satisfacer las necesidades originadas por la vida social, y las relaciones de sus vecinos. Como primer paso, debe promoverlo los sujetos legitimados para ello, y lograr las mayorías necesarias para acordarlo por la Corporación Local. Seguido de exposición pública, elevación a Presidencia y Diputación, propuesta de resolución, dictamen de órgano consultivo, resolución definitiva, publicación y comisión gestora. Otras cuestiones a tener en cuenta están referidas a cambios de nombre, capitalidad de los municipios, escudo heráldico, símbolos, distinciones o títulos.

Desde este planteamiento que el Derecho español prevé, es evidente que si no se cumplen con las formalidades previstas o el procedimiento se desarrolla defectuosamente, se genera un problema jurídico,  a resolver en vía administrativa o judicial.

 

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