Del derecho de acceso a la información pública ya existente a…María José Molina | Histórico del BlogCanalProfesional

Del derecho de acceso a la información pública ya existente a…María José Molina

Comunicar, intercambiar, compartir… son acciones que están de moda. Vinculándose a estas tendencias, el acceso a la información pública cobra auge en el diálogo Administración-administrado, y una manifestación más de cómo los objetivos de Gobierno cambian según cambia la sociedad.

Transparencia en la gestión pública, voluntad de cercanía al ciudadano, de obtener su participación, legitimidad que otorga la relación de confianza entre Gobierno y gobernados, lucha contra la corrupción… constituyen expresiones y realidades que nos abocan a contemplar el derecho a acceder a la información pública como una exigencia propia del sistema en el siglo XXI.

El acceso a la información pública, combinación de derecho y deber, no es un nuevo dictado a ingresar en el ordenamiento jurídico español. ¿Por qué?. La respuesta es sencilla, existe ya una regulación del derecho a acceder a la información pública en nuestro país,  a veces des­conocida o soslayada. Cuestiones distintas son, si resulta  adecuada o no al contexto actual. Si la propuesta que contiene el anteproyecto Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno es innecesaria o, por el contrario, es indispensable para cubrir lagunas y deficiencias. O si España es el único país de la Unión Europea – junto a Luxemburgo, Chipre y Malta – que no tiene una ley con estas características a nivel estatal, siguiendo iniciativas ya adoptadas en algunas Comunidades Autónomas. Recientemente, el Parlamento navarro el proyecto de Ley Foral de Transparencia y Gobierno abierto.

@navarragob (Twitter oficial)

Por el reconocimiento que ya tiene, se trata de un requisito previo de la participación del ciudadano en los asuntos públicos. Un derecho de base constitucional y configuración legal,  que se relaciona con el derecho fundamental a la información (art. 20.1 CE). La Constitución española de 1978 garantiza el acceso a los archivos y registros administrativos, excepto por razón de interés general o particular [artículo 105 párrafo b)]. De forma indirecta, se proclama la publicidad de la acción de la Administración, aunque no hay mención a la transparencia o similar.

La idea de transparencia y participación la encontramos como principio general en el art. 3.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Además, la mencionada norma reconoce los “derechos de los ciudadanos” en sus relaciones con las Administraciones Públicas referidos a aspectos comunicativos (artículo 35), y lo extiende al derecho que tenemos para acceder a archivos y registros administrativos, y a la información en poder de la Administración (art. 37 Ley 30/1992). Con carácter especial, en la Ley 27/2006, de 18 de julio, y la Ley 37/2007, de 16 de noviembre.

Del mismo modo, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que contempla el derecho a una buena administración (art. 41). Por parte de la jurisprudencia española, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2000 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª), en su fundamento jurídico 5º afirma que: “el derecho de acceso a los registros y documentos administrativos constituye un derecho de los ciudadanos de los llamados de la tercera generación. Está enraizado en el principio de transparencia administrativa, el cual responde a una nueva estructuración de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos”.

Frente a un derecho ya reconocido, hoy surge el debate en forma de interrogantes. Con la aprobación el pasado viernes del anteproyecto Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, ¿hay un verdadero cambio en el ejercicio de este derecho?. Permitir a los ciudadanos conocer los datos de las Instituciones públicas que requieran ¿es una prestación pública más?,  y hacerles partícipes es ¿es una garantía para mejorar la toma de decisiones?.

Es fundamental llegar al ciudadano, comunicarse con él, y un acierto compartir información pública. Si no es así, se genera un déficit en el sistema democrático. Por esta razón, se trata de una cuestión de impacto político, mediático y social, y sin olvidar su relevancia jurídica. Una serie de límites en función de derechos e intereses se señalan, cuya protección resulta legítima, así como buscar el equilibrio necesario entre la protección de datos de carácter personal y el derecho de acceso a la información pública.

Veremos cómo queda el texto definitivo de la futura Ley, atendiendo a la voluntad del legislador, de la clase política, y a las sugerencias que podemos aportar al Anteproyecto en la consulta pública electrónica abierta… ¡Participemos en ella!.

@M_Presidencia (Twitter oficial)

4 Comentarios | Leído 5 veces

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4 Respuestas a “Del derecho de acceso a la información pública ya existente a…María José Molina

  1. Nieves Noval dice:

    Muy original, como siempre, la referencia de la Dra. María José Molina a la configuración que, del derecho de acceso a la información pública, realiza nuestro Tribunal Supremo, como Derecho de Tercera Generación.

    Desde aquí le animo a desarrollar la idea general plasmada en esta entrada en uno de sus clarificadores artículos doctrinales.

  2. Jackman dice:

    Excelente artículo no sólo por su contenido sino por ser de absoluta actualidad. Me quedo con el mensaje final de participación de todos nosotros para que contribuyamos, de algún modo, a fomentar la transparencia y el buen gobierno en nuestro país, cuestión que lamentablemente se ha erigido como asignatura pendiente durante demasiado tiempo.

    • Gracias Jackman por el piropo “excelente artículo”.

      Efectivamente, asignatura pendiente en nuestro sistema la transparencia, la buena administración y el buen gobierno.

      Queda camino por correr, pero unamos esfuerzos a través de nuestras aportaciones para progresar en la relación Administración-administrado. En beneficio de todos.

      María José Molina

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