Autorizaciones ambientales ¿integradas?Luis Fructuoso Barea | Histórico del BlogCanalProfesional

Autorizaciones ambientales ¿integradas?Luis Fructuoso Barea

Hace unos días, la CEOE junto con CEPYME han realizado un informe sobre el estado de los trámites de la Autorización Ambiental Integrada en las diferentes comunidades autónomas que ha presentado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de forma que se insta a las Comunidades Autónomas a simplificar dicho trámite.

En este informe subyace, por parte de las patronales, la voluntad de simplificar y abaratar el trámite de dicha autorización, especialmente en una época en que se iniciará el proceso de renovación de muchas de estas autorizaciones, ni más ni menos que 5.000 entre el 2013 y 2015 según CEOE-CEPYME.

Esta figura, trámite base de las actividades con mayor “capacidad de contaminación” deriva de una Directiva europea, la IPPC (prevención y control integrados de la contaminación”, que colocaba dentro de las condiciones de funcionamiento de estas actividades la prevención y el control de sus emisiones, como elemento diferenciador de otras figuras administrativas de “licencia de actividad”.

No obstante, esta autorización ambiental integrada convive con otra figura, importante especialmente en la tramitación de proyectos, como es la Evaluación de Impacto Ambiental, que se aplica no obstante también a estas actividades llamémoslas IPPC.

A partir de la trasposición estatal de la directiva IPPC mediante la ley 16/2002, y antes en algunos casos, las comunidades autónomas han ido desarrollando dentro de sus competencias, mediante formas muy diversas, la normativa de gestión de las autorizaciones y licencias ambientales en general.

Si se añaden las competencias municipales, de consejos comarcales, y no pocas normativas sectoriales como las de incendios, además de las urbanísticas, se ha acabado por hacer de una figura” integradora” (autorización ambiental integrada, recuerdan?) una superposición de trámites que en algunos casos podía obligar a triplicar o cuadruplicar una información que, en parte, ya tenía la Administración.

Ahora, en un contexto de crisis económica profunda, con nuevas directivas como la de Servicios que empujan al camino de la simplificación, las comunidades autónomas renuevan su normativa, a veces mediante normas generalistas o de acompañamiento de medidas fiscales que dificultan la posterior interpretación de dichas normas.

Lo importante es que las administraciones vean que la superposición y apilamiento de competencias y de trámites, si lleva a la saturación de los responsables de las actividades, puede conducir especialmente a las PYME al perverso efecto contrario de dejar de hacer estos trámites y a esperar con el “ya me vendrán a buscar”.

Pensemos que cuando se pretende clasificar todo el tejido empresarial en anexos y grupos de actividades, se pueden crean ciertos desajustes que sobrecarguen a determinadas actividades, a las que el inmovilismo de los anexos de leyes y directivas obliga a llevar un camino, cuando menos, largo.

Las Comunidades Autónomas están realizando cambios importantes en algunas tramitaciones, especialmente para las empresas de menor impacto ambiental, en que se impone un régimen de comunicación previa, que simplifica el trámite en cuanto a la necesidad de esperar respuesta de la administración, y reducen las necesidades de papeleo. En los últimos meses, Cataluña, País Vasco y Canarias, entre otros, han modificado su normativa en este sentido para estas actividades.

Pero tampoco debe caerse en, por el bien del crecimiento económico, dar carta libre o impunidad a las actividades porque del uso al abuso sólo hay un paso, en ambos sentidos.

La realidad es que de una forma ágil y sin obligar a papeleos innecesarios, se pueden imponer a las actividades las medidas de control y prevención que sean necesarias e importantes puesto que, en mi opinión, a veces los árboles no dejaban ver el bosque y entre tanta documentación escapaban, por saturación, aspectos ambientales importantes para controlar.

Y si se armonizan dichos trámites, adaptándolos eso si a la realidad empresarial/ambiental de cada territorio, puede mejorarse el control ambiental de las actividades sin requerir a “torturas” documentales de las que, paradójicamente, no pocas personas vivimos como consultores.

Y no tiro piedras contra mi tejado porque, cuando no quede nadie, ¿quién me vendrá a consultar?

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